Si al paso de la reforma laboral por el Congreso el debate se centró en el dcspido y sus causas, en el trámite del Senado las discusiones se han centrado en cómo aumentar el control sobre los parados. No es que la rescisión de contratos haya estado ausente de las enmiendas, pero el texto final ha quedado como salió del Congreso (bastará la previsión de pérdidas o la caída de ingresos para despedir con motivos). En cambio, los parados notarán antes el aliento de los servicios públicos de empleo si rechazan cursos. Ha tenido que sufrir el PSOE para lograrlo. El Senado aprobó ayer la reforma laboral con los votos a favor de los socialistas (126). En contra votó el PP (123). Se abstuvieron CiU (7) y PNV (4). La misma foto que en el Congreso recabó las críticas de los sindicatos, que ven "más necesaria que nunca" la huelga general del 29 de septiembre.
Tras la votación de ayer de la comisión de Trabajo del Senado, que tenía competencia legislativa plena, se ve que los primeros damnificados son los parados. El periodo de gracia del que gozan ahora para aceptar cursos cuando empiezan a cobrar la prestación se reducirá de 100 a 30 días a petición del PSOE. A partir de entonces podrán ser sancionados. Para lograr la unanimidad en torno a esta iniciativa, los socialistas aceptaron una propuesta del PP que exige que los cursos que se ofrezcan al desempleado se adapten a su perfil.
Más evidente fue la debilidad del PSOE en la aprobación de cuatro enmiendas del grupo que integran PNV y BNG, a las que votó en contra. Confían los socialistas en tumbarlas -con los grupos de izquierda- cuando la reforma laboral regrese al Congreso y se vote definitivamente el 9 de septiembre. Pero el texto del Senado suprime aspectos con los que el Gobierno quería atajar la temporalidad y se pliega a las demandas de la patronal para perseguir el absentismo.
El resultado final provocó la inmediata reacción de los sindicatos, a los que ya disgustaron cambios promovidos por la reforma como la generalización del contrato con 33 días por despido, la precisión de las causas de despido objetivo (el más barato, con 20 días por año trabajado) que facilita esta vía a los empresarios, permitir un proceso más ágil para adoptar medidas de flexibilidad interna (cambios de horarios, jornada, turnos, traslados o salarios) o abrir la intermediación laboral a la iniciativa privada.
"Al igual que ocurrió en el Congreso, la votación del Senado empeora el proyecto de ley", criticaron UGT y CC OO, "facilita a las empresas la extinción del contrato; no aborda la lucha contra la excesiva temporalidad; y dota de mayor poder discrecional al empresario en perjuicio de la negociación colectiva".
Alguno de los cambios promovidos por el PNV abundan en lo que critican los sindicatos. La reforma fijó un límite de tres años para los contratos de obra o servicio. Si se superaba este periodo en la empresa, el trabajador pasaba a ser fijo. Tras la votación de ayer es necesario que el empleado haya "realizado idéntica actividad y en el mismo puesto de trabajo". La novedad facilita que un simple cambio de puesto de trabajo ponga el contador a cero. El otro cambio significativo atañe al absentismo. Ahora la ausencia justificada al trabajo entre un 20% y un 25% de los días hábiles es causa de despido objetivo si la media de ausencias de la plantilla supera el 5%. El Congreso rebajó este último requisito al 2,5%. El Senado lo ha eliminado.
Menos suerte que el PNV tuvo CiU. Los nacionalistas catalanes tenían interés en redefinir el despido objetivo. Apenas lograron un cambio anecdótico. El Congreso había fijado como motivos de rescisión de contrato "las pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente" de ingresos. Reclamaron los nacionalistas catalanes cambiar la coma por un punto y coma. No fue necesaria la votación. El letrado entendió que el cambio era una simple cuestión de estilo.
Entre las enmiendas que introdujo el PSOE, salió adelante una que garantiza a las empleadas de hogar (y quienes pueden percibir parte de su salario en especie) que cobren en dinero al menos el salario mínimo interprofesional (633,3 euros al mes).
"A la izquierda no nos suelen gustar las reformas laborales por ley", lamentó Matilde Fernández, portavoz del PSOE en la comisión de Trabajo del Senado, durante una de sus intervenciones. A tenor de las palabras de la antigua dirigente de UGT, no puede concluirse que tenga mucha fe en la nueva norma: "La reforma laboral mejorará un poquito a los trabajadores, a los que están en paro y a los precarios; un poco a las empresas, a las que mejora la competitividad; y un poco a la economía en general".
Por parte de la oposición, se repitieron los argumentos oídos en el Congreso. Los nacionalistas catalanes criticaron la "oportunidad perdida", según el senador Jordi Casas. Y los vascos hablaron de una reforma que encontrará "dificultades de aplicación". A pesar de ello, la abstención de ambos grupos permitió la aprobación del texto final. También el PP repitió los argumentos. La portavoz popular Alicia Sánchez Camacho definió el proyecto de ley como la "reforma del despido" y no la del empleo.
Las principales novedades
- Flexibilidad interna. El proceso parlamentario apenas ha cambiado este elemento de la reforma. Las empresas con problemas podrán pactar con los trabajadores descolgarse de las subidas salariales que fije el convenio sectorial. La negociación se acorta a 15 días improrrogables. En el Senado ha prosperado, eso sí, una enmienda del PNV que hace más remota la participación de las principales organizaciones sindicales y patronales en las empresas sin representación sindical cuando los acuerdos se atasquen, como fijaba la reforma laboral inicial. Lo más probable es que esta enmienda decaiga en la aprobación final del Congreso de los Diputados. Como medida de flexibilidad figura también el modelo alemán de reducción de jornada, que permite a las empresas acortar la jornada -y el sueldo- de los trabajadores en lugar de despedirlos. A cambio, cobran parte del paro.
- Contratación y despido. Se universaliza el contrato con indemnización de 33 días por año trabajado, frente a los 45 ordinarios, como fórmula indefinida. Pero la novedad más contestada de abaratamiento del despido ha sido la que facilita los que tienen causa económica, indemnizados con 20 días por año trabajado. Al permitir que se acojan a ese supuesto las empresas con pérdidas o la mera previsión de registrarlas, incluso con una caída persistente de ingresos, se allana el terreno para el despido económico, ahora muy poco utilizado pese a la crisis.
- Freno a la temporalidad. El origen de la reforma ha quedado reducido a un par de medidas poco ambiciosas. Se fija un tope de tres años, más otro sujeto a negociación colectiva, al contrato de obra, una figura hasta ahora ilimitada. A partir de 2012 aumentará de 8 a 12 días la indemnización por el vencimiento de los contratos temporales.
- Cursos para parados. Ha sido la gran novedad del trámite de enmiendas. En principio, la reforma solo hacía referencia a la entrada de agencias privadas de colocación como colaboradoras de los servicios públicos de empleo. Pero una enmienda ratificada ayer en el Senado se adentra en el espinoso asunto de las prestaciones al rebajar de 100 a 30 días el periodo máximo en el que un parado puede rechazar cursos de formación sin ser sancionado. A pesar de la confusión inicial sobre si esas sanciones se aplicaban también al rechazo de empleos, la enmienda se limita a regular la aceptación de esos cursos.
Fuente: elpais.es