Desde hace mucho tiempo, los empresarios españoles venimos pidiendo que se lleven a cabo reformas estructurales que afecten a diversos ámbitos económicos y sociales.
Consideramos que estos cambios, aplicados con su tempo más adecuado, son la mejor medicina para salir de la crisis económica actual. La reforma de las pensiones, por poner un ejemplo, resulta una de las más acuciantes y la hemos de llevar a cabo con intensidad y profundidad, involucrándonos todos en esta tarea: el Gobierno, los interlocutores sociales y los políticos, es decir, toda la sociedad en su conjunto, remando todos de esta manera en una misma dirección.
Los datos son tozudos. En España, en la actualidad la edad legal de la jubilación de los trabajadores está fijada en el límite de los 65 años. Sin embargo, la realidad nos demuestra que el promedio de edad viene realmente marcado en los 63,5, y que cada año se jubilan más de 270.000 personas.
Estas y otras cifras nos indican que la reforma económica es necesaria y, por tanto, que debemos intentar llegar a un acuerdo. Todo indica que ahora estamos cerca de lograrlo. Los empresarios confiamos en que en los próximos días se cierren los capítulos y flecos que aún están pendientes, y esperamos poder tener de esta forma un documento en firme. En todo caso, ahora estamos en un buen momento para recordar los planteamientos empresariales.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha defendido siempre que la reforma de pensiones que necesita España ha de responder a dos objetivos básicos.
Por un lado, tiene que garantizar la sostenibilidad y flexibilidad del sistema, de manera que se asegure a los mercados -tanto a los internacionales como a los españoles- que el gasto público no va a crecer hasta niveles que no se puedan financiar o que, para hacerlo, se tengan que elevar tanto los impuestos que se destruya el tejido empresarial.
De otro lado, con la reforma de las pensiones se debe aprovechar para crear el espacio necesario para que se reduzcan las cotizaciones sociales, puesto que no puede haber sostenibilidad si al mismo tiempo no se crea empleo.
Y no nos olvidemos de que una gran parte de las figuras impositivas en España lo son sobre el empleo. Por ello, la reforma debe hacer todo lo posible por reducir cotizaciones. Y en este sentido el acuerdo, tal como parece configurarse, significa un paso importante para que se logre esa reducción. Al igual que también lo es para mejorar en algunos aspectos relacionados con la flexibilidad en las empresas, en el ámbito de las cotizaciones de los autónomos y del tratamiento de las mutuas, entre otras cuestiones.