Las empresas venden, cada vez más, valores asociados a sus productos. El consumidor se empieza a familiarizar con conceptos como la energía verde, el desarrollo sostenible o los proyectos de cooperación cuando paga la factura de la luz o compra un billete de avión. El Gobierno y los agentes sociales quieren aprovechar este clima para generalizar la responsabilidad social corporativa, una idea aún poco extendida, sobre todo en las pequeñas empresas. El primer paso consistirá en crear un consejo que defina estas prácticas, las fomente y las evalúe.
El Ministerio de Trabajo tiene previsto, con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la patronal CEOE, un acuerdo para incentivar la responsabilidad social de las empresas. El concepto aglutina elementos tan dispares como respetar el medio ambiente, velar por la igualdad en el seno de las empresas o luchar contra la corrupción. La idea que subyace es que la empresa tiene una función social más allá de la búsqueda del beneficio.
Documento de Trabajo
Trabajo ha elaborado un documento, al que ha tenido acceso este periódico, en el que se esbozan las principales propuestas en este terreno. La más novedosa es la creación de un consejo estatal de responsabilidad social de las empresas compuesto, de forma paritaria, por empresarios, trabajadores, organizaciones sociales y administraciones públicas (tanto la central como las autonómicas). "Será el primer órgano de este tipo que funcione en la Unión Europea", explica Toni Ferrer, responsable de acción sindical de UGT y participante en la negociación.
El consejo, que propondrá al Gobierno políticas públicas y fijará los criterios que deben cumplir las compañías para recibir la etiqueta de responsables, se constituirá mediante un decreto ley, según confirma el director general de Economía Social del Ministerio de Trabajo, Juan José Barrera. "Además, tenemos un mandato del Senado para crear esa figura", añade. El objetivo es aprobarlo este año para que pueda constituirse en el primer trimestre de 2008, antes de que acabe la legislatura.
El consejo tendrá que enfrentarse a una cuestión crucial: cómo se estimula a las empresas para que sean socialmente responsables. El documento del Gobierno habla de incentivos, pero no especifica si serán económicos o no. Barrera rehúsa pronunciarse, aunque admite que, sean del tipo que sean, tendrán que centrarse en las pequeñas y medianas empresas, muy atrasadas en este terreno. "Sobre todo hay que quitar la idea de que esto supone un coste. Debemos decirles a las empresas que esto les va a suponer ventajas porque el consumidor lo va a exigir", subraya.
El documento que previsiblemente se acordará hoy insiste en el carácter voluntario de las medidas. Es decir, ninguna empresa estará obligada a someterse a los cánones de responsabilidad social -a no ser que trabajen con la administración pública- y tampoco se pretende establecer un marco paralelo o sustitutivo de la negociación colectiva entre empresas y trabajadores.
Esta aclaración persigue aplacar los recelos suscitados en la CEOE, contraria a fijar obligaciones por escrito. No obstante, los empresarios son cada vez más receptivos a este tipo de medidas, según fuentes de la negociación. Las firmas que las adoptan, además, suelen rentabilizar sus logros en términos de imagen pública.
Para evaluar si una empresa es responsable o no, el consejo fomentará los informes y las memorias de responsabilidad social corporativa. Se trata de un documento donde las empresas deben explicar qué han hecho para mejorar su entorno, similar a lo que realizan las cotizadas en Bolsa.
La Administración ya trata de fomentar por diversas vías que las firmas cumplan unas exigencias sociales. La reciente ley de contratos públicos obliga a que los proyectos se adjudiquen sólo a compañías respetuosas con el medio ambiente, con los derechos de los trabajadores y los criterios de igualdad.
También la norma que permitirá invertir en Bolsa la hucha de las pensiones (el Fondo de Reserva) establece que esas inversiones se realicen con criterios de responsabilidad corporativa. Esta ley no verá la luz en la legislatura por falta de tiempo y de apoyos parlamentarios suficientes, aunque el Gobierno confía en recuperarla en 2008.