Los accidentes laborales son siempre demasiados, pero las cifras de 2007 marcan, al menos, una senda esperanzadora. El año pasado murieron 841 trabajadores en sus puestos, según un avance aún pendiente de confirmar. Con ser abultada, la cifra representa un descenso del 11,2% respecto a 2006. Se trata de la caída más intensa de los últimos 10 años como mínimo. Debido a un cambio en la forma de computarlos, las series no permiten rastrear más atrás, pero es probable que el récord vaya más allá de los 10 años.
El dato resulta más significativo en un contexto en el que la ocupación no ha dejado de crecer. Cerrar el año con menos muertes y más empleo a la vez implica que, proporcionalmente, el descenso es mucho más pronunciado. El número de muertes por cada 100.000 afiliados ha pasado de 6,1 en 2006 a 5,3 en 2007. Las cifras, además, contrastan con el ligero repunte que experimentaron los accidentes mortales en el año 2006.
A cambiar el ritmo de la curva ha contribuido, sin duda, la pérdida de vigor que ha experimentado la construcción en 2007. El menor dinamismo en el empleo de ese sector, que concentra un tercio de los fallecimientos, modera la proliferación de siniestros en el tajo.
Más allá de este elemento coyuntural, el mayor celo a los accidentes laborales ha contribuido de forma determinante a la mejora. En el ejercicio pasado, el Gobierno, la patronal y los sindicatos alcanzaron un gran acuerdo para frenar la siniestralidad, con especial atención a las empresas pequeñas, que suelen escapar a los controles habituales. Por encima de ese pacto, cuyas principales medidas están por aplicar, ha pesado la labor de la fiscalía especial para accidentes laborales. Su titular, Juan Manuel de Oña, tomó posesión del cargo a mediados de 2006 y desde entonces procura que al menos los delitos no queden impunes.
En 2006, último ejercicio del que existe un balance, sólo la mitad de los fallecidos en jornada laboral llegó a los tribunales. Un año antes, la justicia tenía constancia apenas de una quinta parte. A falta de los datos definitivos, el fiscal percibe que en 2007 las cosas han marchado mejor. La inspección de trabajo tiene orden de remitir a los tribunales todas las actas que levanten sobre siniestros laborales. Esa medida, unida a un protocolo de actuación al que también se ha sumado la policía, ha favorecido la persecución de los delitos. Y las empresas han tomado una mayor conciencia de la necesidad de frenar esta lacra.
Aunque los 841 muertos en su puesto de trabajo en 2007 representan el dato más moderado en muchos años, aún habrá que añadirles los in itínere (fallecidos en el trayecto de casa al trabajo o viceversa). La suma de ambos ha arrojado siempre cifras superiores a los 1.000, una barrera que volverá a alcanzarse este año, pues con datos del Ministerio de Trabajo hasta noviembre, ya habían fallecido 313 personas en esas circunstancias, principalmente en colisiones de tráfico.
Pese a las mejoras, España aún tiene por delante numerosos retos para aproximarse a las cifras europeas. En los 27 Estados miembros fallecieron en 2005 (último dato disponible) 7.460 personas, lo que sitúa a la economía española en mal lugar, con más del 10% de las muertes europeas. Y el número de muertos por cada 100.000 afiliados aún supera las marcas comunitarias, que se sitúan en 4,3 trabajadores. Hasta hace poco, la incidencia en España duplicaba la media comunitaria, con lo que el dato de 2007 contribuye a aminorar la brecha con los países del entorno.