El Gobierno ha decidido permitir a las empresas, sobre todo a inmobiliarias y constructoras, reducir al mínimo su factura fiscal a la vista del mal comienzo de año para bastantes. Así, dentro del plan de reactivación de la economía que el consejo de ministros tiene previsto aprobar este viernes, introducirá los cambios necesarios en el impuesto de sociedades. A su vez, implementará la rebaja fiscal de 400 euros prometida vía tributación por renta (IRPF) -si bien a los contribuyentes con ingresos más bajos también se les retornará menos dinero-, facilitará líneas de financiación a las compañías con más dificultades y fomentará la recolocación de los nuevos parados (la mayoría, del sector del 'ladrillo'), a quienes dará una atención especial.
La letra pequeña de este paquete de medidas, que se pondrán en marcha a través de los decretos ministeriales correspondientes, revela un detalle no valorado hasta el momento pero muy importante para las empresas. Ya se sabía que su pago fraccionado en sociedades o IRPF se iba a aplazar varias semanas más (la nueva fecha es el 5 de mayo), pero lo que no había transcendido a nivel público es que también se había prolongado el período para elegir el régimen por el que se tributa, es decir, si se toma como base la cuota liquida del último ejercicio fiscal cerrado (en este caso 2006, pues la campaña de 2007 apenas ha dado sus primeros pasos) o bien se hacen los cálculos conforme a la base imponible del último trimestre vencido.
El resultado práctico de estos cambios, según fuentes del fisco, es que una empresa que haya tenido malos resultados en el comienzo de año -donde el número de insolvencias declaradas en el sector inmobiliario se disparó casi un 150%- puede reducir ahora casi a 'cero' su factura fiscal en contraste con las importancias ganancias que tuvo hace dos años. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, ha tomado esta decisión a la vista de que, para una parte considerable de las sociedades vinculadas al 'ladrillo', el primer pago trimestral al fisco les obligaría a acogerse a un proceso concursal por sus deudas acumuladas, en el que Hacienda sería un acreedor privilegiado pero habría muchos damnificados, empezando por los propios trabajadores.
También en el ámbito tributario se pondrá en marcha la rebaja de 400 euros anuales (vía deducción) prometida en campaña electoral por el presidente del Gobierno, de la que se beneficiarán unos 15 millones de contribuyentes, entre ellos los autónomos (dos millones), que serán compensados por trimestres. Su coste global es de 6.000 millones, lo que implicará que el superávit presupuestario previsto para 2008 se reduzca a la mitad y quede en el 0,6% del producto interior bruto (PIB). Para los asalariados, la primera devolución de Hacienda (en realidad, se les va a entregar con cargo a lo retenido, de modo que quien gane menos también obtendrá una cantidad inferior) llegará en la nomina de junio, con 200 euros para compensar el atraso acumulado desde el 1 de enero. Después percibirán alrededor de 33 euros al mes.
Parados
El Gobierno también dará su visto bueno al plan de choque para la rápida recolocación de los últimos parados, anunciado por el anterior ministro de Trabajo, Jesús Caldera, tras comprobar que el desempleo se disparó en enero con un aumento desconocido en la historia de las estadísticas. No obstante, el proyecto se limita en principio a un programa de formación con atención personalizada a cada desocupado (que recibirá 350 euros mensuales por cada curso de reciclaje, con un máximo acumulativo de 1.050 euros), que a su vez estará orientado por un tutor profesional. Sus autores advierten que será «algo mucho más que rellenar una ficha» como ocurre en la actualidad.
El coste de las medidas ronda los 200 millones de euros. Estará financiado por las cotizaciones de empleadores y empleados, en contra de lo solicitado por los agentes sociales, que prefieren que corra a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno tampoco ha hecho caso a empresarios y sindicatos en la duración del plan, que será temporal y no tendrá carácter estructural. Las comunidades autónomas que deseen colaborar en el proyecto, del que se beneficiarán medio millón de parados, recibirán fondos para ello.
Fuente: laverdad.es