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Contratación Pública (184)

En esta noticia se incluyen las licitaciones publicadas durante la última semana en la Plataforma de Contratación del Sector Público cuyo ámbito geográfico se encuentra en Castilla-La Mancha. Son un total de 104 expedientes que suman una inversión de 32,1 millones de euros.

Licitaciones publicadas durante la última semana en la Plataforma de Contratación del Sector Público cuyo ámbito geográfico se encuentra en Castilla-La Mancha. Son un total de 102 expedientes que suman una inversión de 32,7 millones de euros.

Con el propósito de dar a conocer más ampliamente la Contratación Pública, te comentamos que el 9 de maro de 2018 entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El objetivo de esta Ley es regular la contratación del sector público a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de:

  • Libertad de acceso a las licitaciones.
  • Publicidad y transparencia de los procedimientos.
  • No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.
  • Conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto.
  • Una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer.

El artículo 65 de la Ley, aclara quien puede ser contratista “sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas”.

Artículo 34. Medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19 (Texto consolidado)

(Modificado por el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo)

 Se establecen medidas para evitar los efectos negativos sobre el empleo y la viabilidad empresarial derivados de la suspensión de contratos públicos, impidiendo la resolución de contratos públicos por parte de todas las entidades que integran el sector público y evitar que el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades autónomas o las entidades que integran la Administración local y todos sus organismos públicos y entidades de derecho público tengan un impacto estructural negativo sobre esta parte del tejido productivo.

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